En mi último artículo en El Economista, os acerco a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 78/2024, que determina que la revocación de la suspensión de la pena por impago de responsabilidad civil debe considerar la capacidad económica del condenado, garantizando así la tutela judicial efectiva y la igualdad ante la ley.

¿Cómo afectará esta sentencia a futuros casos de suspensión de penas?

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El-Economista-julio-24

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