«En la modalidad de impago de obligaciones del delito de abandono familiar, es importante destacar que se aplica para cualquier prestación económica»
En los procesos de divorcio, los conflictos económicos suelen generar tensiones que se suman a las dificultades emocionales y familiares. En muchos casos, especialmente cuando una de las partes ha sido económicamente dependiente, se presentan situaciones que pueden calificarse como violencia económica. Quiara López Ferrer, abogada penalista, analiza estas conductas, como el impedimento de uso de la vivienda familiar, el retiro de fondos comunes o el impago de pensiones, como formas de control económico que agravan la vulnerabilidad de la parte afectada.
Estas conductas pueden tener consecuencias penales, ya que pueden constituir delitos contra el patrimonio o, en determinados supuestos, el delito de abandono de familia. Este último se configura cuando se incumple, de forma reiterada, el pago de prestaciones económicas establecidas por resolución judicial, como la pensión alimenticia, compensatoria o incluso la cuota hipotecaria del hogar familiar.
Quiara resalta la importancia de distinguir entre un impago por dificultades económicas reales y uno producto del dolo o la voluntad de incumplir. Asimismo, hace énfasis en la dificultad probatoria de este delito, que requiere demostrar la capacidad de pago del obligado durante el período reclamado.
Por otro lado, aborda la posible existencia de daños morales en estos casos, sobre todo cuando el impago afecta a la vivienda familiar, generando inestabilidad emocional tanto en los hijos como en el progenitor custodio. Propone que estos daños puedan reclamarse durante el proceso penal, siempre que se acredite su impacto con informes psicológicos u otras pruebas.
Finalmente, subraya la necesidad de tener en cuenta la excusa absolutoria prevista en el artículo 268 del Código Penal, aplicable cuando hay vínculo familiar y no existe violencia o intimidación, lo cual puede dar lugar al sobreseimiento del caso.
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